Rafael Correa vs banca ecuatoriana.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, entró sin velos a pugnar con la banca privada de su país alrededor de una iniciativa legal que afecta a las utilidades de las entidades financieras y que la Asamblea Nacional aprobó hoy con 79 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones.

Así, la Ley de Redistribución del Gasto Social, impulsada por el mandatario, determina un incremento del bono estatal que reciben mensualmente alrededor de 1,9 millones de personas pobres en Ecuador, de los actuales US$35 a US$50 para cada beneficiario.

Para financiar dicho aumento, el texto legal plantea la obtención de recursos no solo desde el presupuesto general del Estado. Un 54% del monto requerido para el incremento del bono estatal surgiría de medidas administrativas y tributarias que impactan a la banca. Y allí entra la controversia.

“Antes se socializaban las pérdidas del sistema financiero, ahora se socializarán las ganancias”, dijo Correa no sin recordar el impacto en la población que tuvo en Ecuador la crisis bancaria de fines de los noventa y que lo buscado con la iniciativa es “traspasar los excedentes de la banca a los más pobres.”

Por su parte, la Asociación de Bancos Privados de Ecuador no tardó en mostrar su preocupación (vía comunicado): “Solicitamos mantener a la banca privada al margen de la actividad política en la que nada tiene que ver, en beneficio de la tranquilidad y confianza de sus siete millones de clientes, quienes mantienen depósitos por más de US$20.000 millones”.

El presidente ya había avisado: “Banquero que no quiera, no se preocupe, le compramos el banco y nacionalizamos la banca”.

El gobierno ecuatoriano espera recaudar anualmente con la iniciativa unos US$164 millones adicionales de la banca privada.